El gobierno argentino remarca que la decisión sobre el caso de Morales corresponde exclusivamente al Poder Judicial, tras la denuncia presentada en noviembre.

El gobierno de Argentina ha adoptado una postura de prudencia frente al caso de Evo Morales, acusado de presunta trata y abuso de menores. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, enfatizó que la investigación es competencia del Poder Judicial de su país, respetando la independencia de poderes establecida por la Constitución.

«Este no es un tema del presidente Milei, sino de la justicia argentina, que está llevando adelante la investigación tras una denuncia recibida por el Ministerio de Seguridad», declaró Bullrich durante una visita a Aguas Blancas para implementar el Plan Güemes. La funcionaria aseguró que el Ejecutivo no interfiere en procesos judiciales y que cualquier avance dependerá exclusivamente de las instancias legales.

Por su parte, Verónica Toller, directora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, subrayó que sería prematuro adelantar información. «Si alguien está acusado de hechos graves, como los atribuidos a Morales, la justicia lo perseguirá hasta las últimas consecuencias», afirmó, dejando abierta la posibilidad de un pedido de extradición por parte de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) o la Cancillería.

En Bolivia, la diputada de Comunidad Ciudadana, Luciana Campero, expresó confianza en el sistema judicial argentino. «Es uno de los pocos que el kirchnerismo no pudo manejar, y con pruebas contundentes, la extradición sería un milagro que traerá justicia para las víctimas», señaló. Entretanto, las autoridades argentinas reiteran su compromiso con la división de poderes y el seguimiento imparcial del caso.