El exministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer, y su asesor jurídico son investigados por presuntos cobros irregulares y movimientos millonarios en sus cuentas.
La Fiscalía emitió este jueves una alerta migratoria en contra del exministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer, investigado por el delito de enriquecimiento ilícito. El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres, explicó que esta medida busca garantizar que Lisperguer permanezca en el territorio boliviano mientras se avanza en la investigación. “El exministro se ha apersonado al Ministerio Público con un memorial para solicitar que su declaración sea en Cochabamba”, informó Torres, quien detalló que Lisperguer justificó su pedido por temas de salud y residencia.
La investigación contra Lisperguer y su asesor jurídico, Gabriel D. A., surgió a raíz de una denuncia presentada ante el Viceministerio de Transparencia, que reveló movimientos millonarios e “inusuales” en sus cuentas en un corto período de tiempo. Según la viceministra de Transparencia Institucional, Susana Ríos, se detectaron cobros irregulares y un incremento significativo en el patrimonio de ambos funcionarios. Tras la investigación, el 3 de enero de 2025 se formalizó la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada.
En el caso de Lisperguer, se identificaron nueve bienes inmuebles, la mayoría en Cochabamba, y movimientos económicos que superan el millón de bolivianos. Por su parte, el asesor jurídico habría registrado movimientos inusuales de más de Bs 600.000 en 2024, con consumos y compras “desproporcionados” a su perfil patrimonial. La investigación se centra en las gestiones 2021 y 2024, período en el que ambos habrían acumulado un patrimonio sospechoso.
El fiscal Torres también informó que se citará al asesor jurídico para que declare ante el Ministerio Público, aunque no precisó si lo hará en calidad de testigo o sindicado. Mientras tanto, la alerta migratoria contra Lisperguer busca evitar que el exministro abandone el país mientras se avanza en el proceso judicial. Este caso se suma a una serie de investigaciones por corrupción que han sacudido al Gobierno en los últimos años.





