El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, reiteró el llamado al diálogo para reglamentar la polémica que autoriza la confiscación de productos.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, calificó como “una medida extrema” el paro nacional convocado para el 10 de febrero, confirmado en el cuarto ampliado multisectorial realizado este miércoles en Tarija. “Tomar medidas de pleno no condice con esa cultura de diálogo que tiene el pueblo boliviano. Por lo tanto, la consideramos una medida extrema, porque yo estoy seguro que ningún boliviano está en contra de que se controle a quienes especulan con los productos”, dijo Montenegro en conferencia de prensa.
Los sectores productivos y empresariales rechazan la Disposición Adicional Séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que autoriza la confiscación y decomiso de productos, argumentando que podría ser utilizada de forma arbitraria y afectar a la economía. Por ello, exigen su derogación y han convocado a un paro nacional para el próximo 10 de febrero, acompañado de marchas de protesta en todo el país.
Montenegro reiteró que el Gobierno está abierto al diálogo para reglamentar la disposición y evitar abusos. “Hemos dicho que se reglamente (la disposición séptima), sentémonos y reglamentemos viendo todos esos detalles para que funcione ese control. Pero (al decir) que solamente se quite este artículo, creo que no condice con la cultura de diálogo que siempre ha propugnado el presidente Luis Arce”, concluyó el ministro.
El ministro también destacó la necesidad de controlar prácticas como la especulación y el contrabando, que afectan a la población. “En este momento está saliendo carne bovina en pie a Brasil porque se ha duplicado el precio ¿Qué boliviano o boliviana estaría en contra de que se haga ese control?”, cuestionó Montenegro. Sin embargo, los sectores productivos insisten en que la disposición genera incertidumbre y podría ser utilizada de manera arbitraria, por lo que mantienen su exigencia de derogación.





